❖ PERÚ ▮Posible castración química para evitar los abusos sexuales genera reacciones

El secuestro y violación de una niña de tres años de edad no solo que ha generado una ola de reacciones, protestas en las calles, sino que además podría hacer cambiar hasta el Código Penal de Perú en medio de las críticas.

«Muerte, debería ser pena de muerte» decía con contundencia una manifestante. «Castración química no vale».

«Esta marcha es para exigir, para pedirle a nuestro presidente que nos apoye, que basta ya de tanto abuso contra nuestros niños. Queremos cuidar a nuestros niños, queremos justicia para nuestros niños», decía otra mujer.

La violación de la menor ocurrió el reciente 12 de abril y el responsable es un hombre de 48 años de edad, quien confesó el delito.

«Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este Gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad», afirmó Castillo en un comunicado difundido por la Presidencia peruana.

El gobernante enfatizó que «este hecho atroz e inhumano«, producido en la ciudad norteña de Chiclayo, «lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos, que son nuestros niños y niñas».

Sin embargo, la posibilidad de la castración a los violadores no tiene el respaldo de todos los ministros y legisladores.

Dos días después de su primer anuncio, el mandatario exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a dar celeridad a las condenas y ratificó que en los próximos días formalizará el proyecto de ley para aplicar la castración química “como medida drástica contra los violadores”. “Esperamos el respaldo del Congreso y que no le dé la espalda a un clamor popular”, dijo.

Este procedimiento farmacológico, que bloquea la producción de testosterona (hormona responsable del deseo sexual) , requiere de la aprobación del Congreso, el cual ya discutió el tema el 2018, lo aprobó en el Pleno y lo rechazó en la Comisión Permanente. Su implementación obliga cambios en el Código Penal y hasta en la Constitución, señalan expertos.

Según el sector Justicia, dicho método deberá aplicarse a quienes cometan delitos de violación sexual y no han sido condenados a cadena perpetua. “(Estos últimos) ya tienen una pena indeterminada y aplicarles castración como medida accesoria sería inviable. Esto es para las demás tipologías. Es una propuesta perfectible, pero consideramos que es la más idónea en estas circunstancias”, afirmó el ministro Félix Chero, quien agregó que el jueves el proyecto deberá llegar al Congreso.

Afirmó que esto debe estar acompañado con acciones preventivas en salud mental y educación sexual en los colegios. También dijo que se evalúa la posibilidad de establecer un registro público de agresores.

Lo que detalla el periódico La República

No obstante, varios ministros no muestran el mismo respaldo. Alfonso Chávarry, del Interior, dijo que eso tiene que ser estudiado por expertos. “Así nomás no se puede afirmar”. Rosendo Serna, de Educación, señaló que debe “evaluarse bien”. “Hay que discutirlo. Es una de las formas. Puede haber otras para sancionar drásticamente”.

El médico urólogo Max Lazo explica que la castración química se utiliza con frecuencia para tratar el cáncer de próstata, el cual es estimulado por la hormona testosterona. Para ello, el paciente debe tomar pastillas diarias y recibir ampollas cada uno, dos o tres meses a fin de reducir la producción de la sustancia. “El tratamiento debe ser continuo. Si uno deja de darlo, vuelven a subir los niveles”.

Subraya que es un método caro, el cual oscila entre 500 y 1.000 dólares mensuales. “Podría ayudar a bajar el deseo sexual o libido temporalmente, pero no veo que sea la única solución. Creo que va más allá de lo hormonal, sino es lo social”.

Para la psiquiatra y terapeuta de familia Vanessa Herrera, no se ha demostrado que esta estrategia sea eficaz para disminuir la reincidencia de agresión sexual. Más bien, precisa, lo que está asociado a proteger a los niños tiene que ver con las normas culturales predominantes en una sociedad machista, donde se normaliza la violencia.

En esa línea, aclara, la reducción de testosterona en un agresor no asegura que no vuelva a atacar. “Nuestra sociedad es falocéntrica. Se puede creer que solo se viola con los genitales, pero el hecho de mostrar a una niña imágenes pornográficas ya es violencia sexual”.

La abogada penalista Romy Chang considera que esta medida evidencia desconocimiento en la normativa y que es difícil de implementar. Agrega que para hacerlo se requiere cambiar la Constitución e, incluso, renunciar al Pacto de San José.

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