❖ ECUADOR▮Con 77 votos, Asamblea aprueba reforma al COOTAD sobre gasto de los GAD
La reciente aprobación de la Ley económica urgente para garantizar la eficiencia del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), realizada por la Asamblea Nacional del Ecuador, generó este viernes 20 de febrero de 2026 una inmediata reacción de respaldo y rechazo entre distintos sectores políticos, sociales y gremiales del país.
La normativa, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que prefecturas y municipios deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mientras que el gasto corriente no podrá superar el 30 %, incluyendo sueldos y funcionamiento administrativo.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente y logró aprobarse con 77 votos, el mínimo requerido. Tras la votación, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) defendió la reforma asegurando que no reduce recursos a los gobiernos locales, sino que busca garantizar que los fondos públicos se traduzcan en obras básicas como agua potable, alcantarillado e infraestructura comunitaria, sin vulnerar la autonomía de los GAD.
En esa misma línea, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, respaldó públicamente la ley a través de redes sociales, enfatizando que el objetivo es priorizar las necesidades urgentes de la población. ADN sostuvo además que la reforma evita escenarios en los que algunos gobiernos locales destinaban porcentajes superiores a su presupuesto únicamente a gasto corriente.
Sin embargo, desde la oposición, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad, postura que también fue respaldada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, con quien lideró movilizaciones en rechazo a la normativa. Pabón cuestionó la aprobación de la ley señalando que se realizó sin procesos de socialización ni participación ciudadana, y advirtió que el conflicto se trasladará a la Corte Constitucional.
A estas críticas se sumó la Unión Nacional de Educadores (UNE), que confirmó que también presentará una acción de inconstitucionalidad una vez que la ley sea publicada en el Registro Oficial. Además, junto al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otros colectivos sociales, convocó a una movilización nacional en Quito para el próximo 13 de marzo.
Según la UNE, la normativa, bajo el argumento de eficiencia del gasto, podría afectar recursos destinados a inversión social, así como a la operatividad de instituciones educativas municipales, centros infantiles y programas comunitarios
