❖ECUADOR▮Gobierno pone en marcha la Ley de Integridad Pública con nuevo reglamento
La Ley Orgánica de Integridad Pública entra oficialmente en vigencia tras la promulgación de su reglamento por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. Este paso marca el inicio de un paquete de reformas estructurales en el sector público, impulsadas desde el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de junio.
Uno de los pilares centrales de esta ley es la implementación de evaluaciones periódicas a cerca de 500.000 servidores públicos a nivel nacional. El Ministerio del Trabajo prepara ya los lineamientos que se aplicarán en base a seis parámetros: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. La evaluación tendrá una escala de 0 a 100 puntos; quienes obtengan 50 o menos podrían ser separados de su cargo.
Además, el reglamento aclara que los funcionarios públicos menores de 70 años podrán acogerse a la jubilación voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la seguridad social. La precisión surge tras la polémica generada por una propuesta inicial que planteaba elevar la edad mínima de jubilación a 65 años.
En materia migratoria, se establece que, en el contexto del actual conflicto armado interno, los procesos de deportación no requerirán documento de viaje, facilitando así los procedimientos administrativos en casos específicos.
Otra de las disposiciones clave apunta al sistema financiero. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene hasta el 20 de septiembre de 2025 para actualizar las denominaciones de las entidades del sistema bancario nacional. Esto incluye un cambio significativo para las cooperativas de ahorro y crédito, que deberán transformarse en bancos, lo cual ya ha generado resistencia.
De hecho, la normativa enfrenta varias demandas por supuesta inconstitucionalidad. Una de las más recientes fue presentada por la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, que rechaza la conversión obligatoria de cooperativas en bancos, alegando que vulnera su naturaleza jurídica y autonomía.
Pese a las controversias, el Gobierno sostiene que la Ley de Integridad Pública representa un avance hacia una administración más eficiente, ética y transparente, y continuará defendiendo su aplicación como parte de su agenda de reformas institucionales.
