❖ MANABÍ ▮Exjuez procesado por prevaricato en caso relacionado con la familia de «Fito»
La Fiscalía Provincial de Pichincha ha iniciado una instrucción fiscal de noventa días contra Juan Eduardo E. Z., exjuez de Manta, por el delito de prevaricato, informó la institución.
Durante la audiencia de formulación de cargos, llevada a cabo de manera telemática, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, presentó veintiún elementos de convicción ante la Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, detalló el informe.
Juan Eduardo E. Z. es investigado por la devolución de bienes a la familia de José Adolfo M. V., alias «Fito», en un proceso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria llevado a cabo por la Fiscalía en 2020, indicó el boletín.
El 23 de diciembre de 2020, el entonces juez dictó un auto de sobreseimiento a favor de cinco familiares de alias «Fito», incluida su esposa Inda Mariela P. T., y dos empresas. Además, ordenó el levantamiento de la incautación y la prohibición de enajenar varios vehículos e inmuebles.
No obstante, el Fiscal que llevaba la causa presentó un recurso de apelación a esta decisión, y el 4 de enero de 2021, el proceso fue asignado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, la cual tomó conocimiento del caso el 7 de enero de 2021.
Ese mismo día, cuando el proceso ya no estaba bajo su jurisdicción, Juan Eduardo E. Z. suscribió oficios de levantamiento de la incautación de los bienes a nombre de los familiares de alias «Fito» ante la ANT, Inmobiliar y el Registro de la Propiedad de los cantones Manta y Bolívar. Según el artículo 652, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), «la interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión, con las salvedades previstas en este Código», señaló el fiscal Flores durante la formulación de cargos.
Por solicitud de la Fiscalía, la jueza ordenó arresto domiciliario para Juan Eduardo E. Z., debido a que tiene 65 años de edad, así como la prohibición de enajenar sus bienes.
