❖ MANABÍ▮Tras 19 años de concesión, la Prefectura de Manabí se resiste a ceder administración del peaje
Luego de 19 años bajo la administración de la Prefectura de Manabí, el Gobierno Nacional puso fin al convenio de gestión del anillo vial Centro Sur de la provincia, lo que ha desatado una disputa entre ambas entidades. La concesión, otorgada en 2006 durante la gestión del ex prefecto Mariano Zambrano, tenía un plazo de 25 años, pero fue terminada de manera anticipada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
La resolución del 2 de abril de 2025, notificada un día después, establece la suspensión inmediata del cobro de peajes en los tramos Montecristi-Portoviejo-Cruz Verde-Crucita-Manta; Montecristi-La Pila-Jipijapa-Paján-La Cadena; y Cerro Guayabal-La Pila. Además, en un plazo de cinco días, la Prefectura deberá devolver la administración del anillo vial al MTOP.
El prefecto Leonardo Orlando rechazó la decisión y la calificó como un “duro golpe a la descentralización y al derecho de los manabitas a su desarrollo con autonomía”. También anunció que realizará un análisis jurídico y técnico para definir las acciones a seguir. Orlando insistió en que el Gobierno mantiene una deuda de aproximadamente USD 50 millones con la Prefectura y que la terminación del convenio tiene motivaciones políticas.
Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, defendió la medida argumentando que “no era justo que la ciudadanía siga pagando por una vía en la que no se reflejan los valores que se cobraban diariamente”. También afirmó que el MTOP ha solicitado en varias ocasiones información sobre las intervenciones en la vía sin obtener respuesta.
La decisión ha generado reacciones divididas entre la ciudadanía. Algunos conductores celebran la eliminación del peaje, asegurando que los cobros no se reflejaban en el mantenimiento de la vía. Sin embargo, otros temen que el traspaso de administración genere retrasos en la rehabilitación y mantenimiento de la carretera.
El MTOP anunció que, una vez recuperada la administración, se ejecutará un plan de intervención que durará entre uno y dos meses, con una inversión aproximada de USD 3 millones.
