❖MANABÍ▮Jorge Glas condenado a 13 años de prisión por peculado en caso Reconstrucción de Manabí
El Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró culpables por unanimidad al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y al exsecretario Técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, por el delito de peculado en el marco del caso Reconstrucción de Manabí.
La audiencia de juzgamiento, que se reinstaló la mañana de este lunes y duró más de tres horas, concluyó con una condena de trece años de prisión para ambos procesados, en su calidad de coautores. Así lo determinó el Tribunal conformado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, tras más de 45 horas de juicio y siete días de deliberaciones.
Quedó demostrado el abuso de fondos públicos, provenientes de la Ley de Solidaridad, que debía destinarse a la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, explicó la jueza Caicedo durante la lectura de la sentencia.
Según detalló la Fiscalía General del Estado, Glas y Bernal actuaron con conocimiento y dolo para beneficiar a terceros, aprovechando su calidad de autoridades y el contexto de emergencia. Ambos fueron acusados inicialmente como autores del delito, pero el tribunal determinó que son coautores, al comprobarse que ejecutaron la conducta penal de manera voluntaria, cumpliendo con el verbo rector del tipo penal: abusar.
Jorge Glas, desde su rol como presidente del Comité de Reconstrucción, impulsó la asignación de recursos de forma arbitraria, injusta y excesiva, indicó la jueza Caicedo, al sustentar la responsabilidad del exvicepresidente.
Aunque Glas no firmó directamente contratos, el tribunal concluyó que su influencia y decisiones condujeron al mal uso de fondos públicos que debían atender necesidades urgentes derivadas del terremoto.
En cuanto a Carlos Bernal, la Fiscalía señaló que, en su calidad de secretario técnico, facilitó los procesos irregulares bajo el mismo contexto de emergencia, participando de forma activa en el desvío de los recursos destinados.
Pese a la gravedad del caso, la Sala de Juicio no consideró la agravante solicitada por la acusación particular, que pedía que se reconociera que el delito se cometió en calidad de servidores públicos.
