❖ECUADOR▮Rechazo generalizado por despidos y fusiones en el Gobierno
La reciente decisión del Gobierno Nacional de desvincular a 5 000 funcionarios públicos y reducir el aparato estatal en un 41 % mediante la fusión de ministerios y secretarías ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales, culturales, políticas y académicas.
Los despidos masivos forman parte del llamado Plan de Eficiencia Administrativa, sustentado en la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada recientemente en la Asamblea Nacional. Aunque el Ejecutivo asegura que la medida busca eliminar estructuras ineficientes y optimizar el gasto público, múltiples sectores acusan al Gobierno de seguir una agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de actuar de espaldas al país.
Uno de los cambios más polémicos es la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Ministerio de Educación, lo que ha generado una ola de críticas desde instituciones como la Casa de las Culturas, la Universidad de las Artes y el colectivo Pichincha Arte y Cultura.
La organización convocó a las Asambleas Provinciales de la Cultura Ecuatoriana para articular acciones conjuntas frente a lo que consideran una vulneración a los derechos culturales.
Desde la Universidad de las Artes se advirtió que la cultura y la educación superior no son privilegios, sino herramientas clave para enfrentar la crisis social del país. Critican la eliminación de carteras especializadas como una forma de “erosionar la política pública con enfoque técnico”.
Por su parte, colectivos feministas rechazaron la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, al igual que el cierre de la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil. Denuncian un “desmantelamiento institucional deliberado” que afectaría gravemente a poblaciones vulnerables.
Las organizaciones sindicales anunciaron movilizaciones en todo el país y señalaron que estas decisiones vulneran derechos adquiridos de los trabajadores públicos, incluso aquellos con nombramiento permanente.
Lo que dice el Gobierno
Desde el Ejecutivo, la vocera Carolina Jaramillo explicó que la medida no afectará a médicos, docentes, policías ni grupos vulnerables, y que los trabajadores desvinculados recibirán indemnización conforme a la ley. Además, aseguró que se abrirán nuevas plazas, aunque en menor número y orientadas especialmente a jóvenes.
En cuanto a la reestructuración estatal, se anunció que el número de ministerios bajará de 20 a 14 y el de secretarías de 9 a 3, como parte de una reforma que involucra 19 cuerpos legales distintos. La intención, dice el Gobierno, es hacer al Estado «más ágil y sostenible».
Sin embargo, entre denuncias de precarización, concentración de funciones y pérdida de enfoque técnico, el debate sobre el tamaño y la función del Estado ecuatoriano vuelve al centro de la escena pública.
