❖ ECUADOR ▮ Las amnistías por la Asamblea Nacional generaron mucho revuelo
Este 10 de marzo, 268 personas procesadas en 57 procesos judiciales recibieron la amnistía por parte de la Asamblea Nacional.
La resolución se desarrolló luego de una sesión que se extendió hasta la madrugada, ya que el plazo para la decisión debía tomarse antes del fin de semana.
Esta animista quiere decir que los procesos contra las 268 personas deberán detenerse.
En el caso de los que ya están judicializados, los procesos serán extinguidos por resolución del juez, por su parte aquellos con cintaban investigaciones previas se benefician porque ya no se les podrán ejercer acciones penales ni iniciarles proceso penal.
Dentro de los asambleístas manabitas que votaron a favor de la amnistía se encuentran Gabriela Molina (Alianza UNES) Joau Acuña (Alianza UNES), Xavier Santos (Izquierda Democrática, entre otros.
Reacciones en desacuerdo
Varios gremios y políticos como Lenin Moreno, Andrés Castillo o Patricio Alarcón han expresado su total desacuerdo con la amnistía.
Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio Quito, señaló en una rueda de prensa esta mañana que durante el paro nacional de octubre de 2019 se perdieron $800 millones a nivel nacional y que únicamente Quito sobrepasó los $200 millones de pérdidas económicas.
“No podemos seguir dependiendo de los errores que cometen las autoridades por distintas alianzas políticas, no descartamos pedir la revocatoria del mandato de las personas (asambleístas) que básicamente les dieron impunidad a quienes vinieron a destruir la ciudad, cometieron delitos de secuestro, extorsión, vandalismo (…)”, expresó.
Con una opinión parecida también intervino Andrés Castillo, quien puntualizó que la decisión tomada por la Asamblea fue inconsistente en los aspectos jurídico y práctico.
El abogado dijo que se concedió de manera “indiscriminada la amnistía a 268 ciudadanos”, por lo que ingresarán la acción de protección de derechos en contra de la resolución de la Asamblea Nacional.
Aclaró que su posición no es porque no acepte el proceso de amnistía como recurso aplicable de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sino que rechazan que no se haya analizado cada caso de manera independiente.
“No es lo mismo juzgar un ciudadano que tumba un árbol a juzgar a aquellos que encabezaron actos de terrorismo, secuestro, extorsión, es decir, actos de lesa humanidad”, recalcó.
Datos
De los 268 beneficiarios por la amnistía, 60 son por casos relacionados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social por los hechos ocurridos en las violentas jornadas en octubre del 2019, por estar en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles que ejecutó el expresidente Lenín Moreno.
Los restantes son defensores de los territorios comunitarios; entre ellos, están los que administraron justicia indígena y los que defendían territorios por la naturaleza.
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