❖ ECUADOR▮Preguntas para la consulta popular genera ola de reacciones

El presidente Daniel Noboa anunció oficialmente las preguntas de la Consulta Popular 2025, un mecanismo con el que busca, según sus palabras, “enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo”.

En un comunicado compartido en la red social X, Noboa recalcó que este proyecto político ha sido una lucha constante por lo justo sobre lo tradicional, por lo valiente sobre lo complaciente. Afirmó que su gobierno ha sido blanco de críticas por parte de sectores que “no soportan un nuevo país en el que no son protagonistas”, y defendió que esta consulta busca entregar el poder de decisión directamente al pueblo.

Las 7 preguntas abordan temas de alto interés nacional y proponen reformas constitucionales en áreas como seguridad, política, institucionalidad, justicia, empleo y desarrollo social. Estos son los ejes:

1. Bases militares extranjeras: Eliminar la prohibición constitucional de permitir bases o instalaciones militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
2. Financiamiento a partidos políticos: Eliminar la asignación estatal obligatoria de fondos a organizaciones políticas.
3. CPCCS: Suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y redistribuir sus funciones a otras entidades estatales.
4. Reducción de asambleístas: Disminuir el número de legisladores y modificar el sistema de elección.
5. Trabajo por horas en turismo: Permitir esta modalidad únicamente para la primera relación laboral en el sector turístico.
6. Juicio político a jueces constitucionales: Incluirlos como autoridades susceptibles de juicio político.
7. Reapertura de casinos: Autorizar casinos en hoteles cinco estrellas, destinando el 25% de sus ingresos a combatir la desnutrición infantil.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras sectores afines al Gobierno celebran la iniciativa como un acto de valentía democrática y respuesta a demandas históricas de la ciudadanía, otros actores políticos y sociales expresaron su preocupación. Críticos advierten que algunas de las propuestas podrían concentrar poder en el Ejecutivo, debilitar la institucionalidad o afectar derechos laborales.